La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la SEP, así como a las autoridades educativas locales, a desplegar una intensa campaña de difusión sobre el significado de los principios educativos contenidos en el Artículo Tercero Constitucional.
La propuesta, aprobada en votación económica, fue presentada por los diputados priistas César Camacho Quiroz, Sofía del Sagrario de León y Heidi Salazar Espinosa.
Los legisladores mencionaron que a lo largo de todo este siglo transcurrido desde 1917, quizá México nunca haya tenido, como hoy, tanta necesidad de honrar y hacer valer la Constitución en sus principios y normas fundamentales.
Nunca como ahora, los mexicanos de hoy, de cualquier edad, y de cualquier religión, ideas políticas o lugar de residencia o nacimiento, dijeron, habíamos visto amenazada y agredida a la Nación por algún gobierno extranjero, como ha ocurrido en estos días con las acciones ofensivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es una agresión arbitraria, infame, sin conflictos, diferencias o causas graves de por medio, que la justifiquen. Es una agresión irresponsable, que alienta la xenofobia y el racismo, atropella la legalidad e impone la razón de la fuerza”, externaron.
Por eso, abundaron, ha despertado tanta indignación en su propio país y tantas muestras de solidaridad con México en el resto del mundo.
De ahí que, hacia afuera, en la política exterior resulta vital emprender acciones en favor de la solución pacífica de conflictos, de la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, de la cooperación entre países y, sobre todo, de la lucha por la paz y la seguridad internacionales, recordaron.
Es inadmisible la ofensa; como es cierto también que, ante los amagos de fuerza, la más inteligente y mejor defensa es la ley, dijeron los priistas en su propuesta.
Por eso, consideraron, es ineludible aplicar, en los hechos, el mandato del Artículo Primero constitucional en materia de derechos humanos, para defender a los mexicanos, dentro y fuera del país.
Así como es obligatorio acatar lo estipulado por la Carta Magna, es preciso también proceder conforme a lo establecido en los tratados internacionales de los que México es parte.
El Estado mexicano y, por tanto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, aseveraron.
En consecuencia, dice el artículo primero constitucional, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Ello vale, continuaron, para los mexicanos en el territorio nacional, como también para todos aquellos radicados en el exterior y, sobre todo, como está sucediendo, cuando se ven forzados a regresar a México contra su voluntad.
Los legisladores priistas hicieron ver la necesidad de fomentar en la educación principios establecidos en la constitución, como la defensa de la independencia política.
Asimismo, fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Con información de Notimex
